Advierten que para ejecutar el acuerdo con el FMI, el Gobierno debería reducir el 50% los salarios

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Tendría que llevar adelante un ajuste sin antecedentes en la administración pública desde la década de los 90, que incluya una rebaja muy pronunciada de los sueldos y/o profundizar la política de despidos masivos, con severas implicaciones políticas y sociales.

Para que el presidente Mauricio Macri pueda cumplir con las pautas de ajuste fiscal que ultimó con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno debería profundizar una severa política de “despidos masivos”, como vienen ocurriendo en TELAM, el INTI o el SENASA , o recortar la mitad de los salarios de los empleados administración nacional que trabajan en las reparticiones públicas afectadas por el decreto 632/2018, publicado este martes en el Boletín Oficial. Esta es la principal conclusión a la que arriba una nota técnica de Proyecto Económico, el equipo de especialistas que conduce Fernanda Vallejos.

De esta manera, el informe plantea serias dudas respecto de la posibilidad de que Cambiemos cumpla con los recortes presupuestarios extremos que exige el Fondo para el año en curso. La única forma de hacerlo sería poner en marcha un ajuste que no tiene antecedentes desde que Carlos Menem privatizó en la década de los 90 las compañías de servicios públicos y despidió a miles de trabajadores del Estado, sentando las bases de la crisis socioeconómica que terminó con picos de desocupación del 19,7% en el 2002 y niveles de pobreza del 57,8% en octubre del mismo año.

Para fundamentar esta hipótesis del ajuste en personal de este año, Proyecto Económico se basa en los datos del Presupuesto 2019 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, a modo de adelanto. De acuerdo a los datos proporcionados por la dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el total de Salarios de la Administración Nacional es de $ 316.435,3 millones y en bienes y servicios alcanza los $ 94.508,5 millones. Las remuneraciones representan el 77% de ese total. Por ende, señala Proyecto Económico en un pasaje del texto, “si se trata de cumplir con el acuerdo firmado con el FMI, las remuneraciones se deberían reducir, en lo que resta del año, en $ 32.206 millones”.

No obstante, el decreto en cuestión exime de la reducción del pago a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto con el servicio penitenciario, y la AFIP. Entonces, prosigue Proyecto Económico, “dicho ajuste sobre las remuneraciones restantes, que ascienden a $ 63.287 millones (40% de la partida para el segundo semestre, que comprende solamente la remuneración del conjunto del personal alcanzado por el Decreto 632/2018), representa el 50,1% del total de salarios”.

Sin embargo, el trabajo no descuida las dificultades políticas que plantea un ajuste de tal magnitud. “Como recortar a la mitad los salarios de la administración pública no es viable, entendemos que el gobierno, por un lado, reducirá más que proporcionalmente el gasto en bienes y servicios (insumos en la prestación pública), y, por el otro, continuará con su política de despidos masivos como ya viene sucediendo en el INTI, SENASA o TELAM”, alerta Proyecto Económico. En este sentido, la nota técnica concluye taxativamente que “la meta de reducción del gasto público comprometida con el FMI es de muy difícil cumplimiento”.

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